Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.
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Ocho anónimos, perversos, siniestros e infames senadores de la Comisión Séptima del senado, aprobaron ponencia de archivo de la Reforma Laboral y la hundieron, sin ningún reato de conciencia del mal que le causaron a hombres y mujeres que votaron por ellos y que son afrentosamente explotados por “bondadosos” empresarios que les brindan la oportunidad de sobrevivir a costa de esclavizarlos con salarios de hambre, con la mirada complaciente de jefes políticos insensatos, impedidos por sus negocios con gremios politizados y manipulados por los dueños de la riqueza del pais. El presidente Gustavo Petro, refutó avisando romper relaciones con el Congreso y comunicó que buscará la aprobación de una consulta popular. Es probable que los ocho archivadores de la laboral, también se pongan de acuerdo para hundir la Reforma a la Salud, que acaba de ser aprobada en la Cámara y que aún debe pasar por esa comisión. Ante esta hecho, Petro también afirmó que la consulta popular la incluiría.
Las reformas sociales del gobierno llegan a su fin en este pérfido Congreso y si se desea insistir, deben radicarlas el otro semestre, cuando los congresistas no van a sesiones, pese a sus estrafalarios sueldos, por estar en campaña y en noviembre arranca la ley de garantías que congela parte de la contratación del gobierno y tasa su capacidad para lograr apoyos. Así, de las reformas tramitadas por vías ordinarias, solo queda la Reforma Pensional, que fue aprobada, pero está a la espera de definición de la igualmente “politizada” Corte Constitucional. El tajante archivo de la laboral, indica que el gobierno no pudo con “la banda” que anunció, con descaro, tener en el Senado y la Comisión Séptima, el corrupto y siniestro senador conservador Efraín Cepeda, protector de los clanes políticos y económicos.
Cepeda ya había tumbado la primera reforma a la salud.
El gobierno quiso impulsar su agenda con alocuciones desde la Casa de Nariño, protestas en las calles y la propuesta de una constituyente. Ahora lo hace con el llamado a una consulta popular, dispositivo que nunca ha logrado aprobar nada. La Reforma Laboral se radicó en agosto del 2023, luego de un trámite lento de más de año y medio, en el que sufrió cambios, llegó al Senado el 25 de noviembre del 2024 a la Comisión 7ª para el 3º de 4 debates. El proyecto aprobado en Cámara recogía solicitud de derechos como horas extras, pago de festivos y recargos nocturnos, perdidos en la reforma de Álvaro Uribe, reunía demandas sindicales, como contrato laboral para aprendices del Sena, reconocimiento a las madres sustitutas del ICBF y aumento de las licencias de maternidad y paternidad.
La vía para su archivo inició cuando la siniestra Nadia Blel presidenta de la comisión 7ª, designó ponentes a los 14 senadores de la Comisión. Tenían hasta 15 días para presentar ponencias. Cuatro senadores del Pacto Historico radicaron la positiva en diciembre. Los demás pidieron plazos para hacer audiencias públicas que nadie supo donde las realizaron. La ponencia de archivo de Miguel Ángel Pinto, liberal, Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, (un analfabeto que no paso de tercero de primaria) rodó más de un mes, pues no todos habían firmado. Llamaron para preguntar quiénes más entraban en la negativa y “las cristianas”, que pregonan la piedad y palabra de Jesús, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo y “la campesina” Berenice Bedoya de la ASI, se unieron. Pudo más el reconocimiento del rico Epulón, que la necesidad del pueblo pobre Así armaron el grupo que hizo el anuncio. El gobierno no tuvo reacción. Petro divulgó que hay un bloqueo institucional y que entonces el pueblo debe decidir a través de una consulta popular sacar adelante las reformas. Para su convocatoria, la Ley exige la firma de todos los ministros y la aprobación de la Plenaria del Congreso. Si lo logra, la votación debe ser convocada, máximo 3 meses después del concepto del Senado. Para que la consulta sea válida se requiere una tercera parte del censo electoral, 13 millones de personas, y que de estas, la mayoría vote a favor. Lograr eso es difícil, la ultima que hubo fue en 2018 , en el referendo anticorrupción que no alcanzó el umbral.
El presidente pone su gobierno en función de la movilización social, lo hizo en la costa cuando solicitó marchar para presionar por la reforma a las tarifas de energía para frenar los abusos y favorecer a los mas necesitados, las ha pedido para avivar la reforma agraria y aumentar la entrega de tierra a los campesinos, también para revertir la supresión del Ministerio de Igualdad defendiendo indígenas y afrodescendientes o para defender la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Pero el gobierno afronta también a las Cortes, la Constitucional analiza la demanda contra la reforma pensional y el decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Si pierde en ambas, algo que es posible, Petro se quedará sin el norte que trazó de hacer grandes intervenciones sociales. Y el bloque liberal que lo respalda sigue a la expectativa
