Nueva tutela reabrió la disputa por la Alcaldía de Prado y arrastró al CD al proceso
La novela en Prado no había terminado. Por el contrario, con la tutela de Morales Tovar, comenzó un nuevo capítulo.
Lo que parecía un capítulo cerrado en la disputa por la Alcaldía de Prado, ha revivido tras la admisión de una nueva acción de tutela por parte del Consejo de Estado, a si lo logró establecer Conlaverdad.com en primicia. La jugada no solo buscó desbaratar la decisión que mantuvo a José Jadel Flórez Serrato en el cargo, sino que enfiló baterías en contra del Centro Democrático, partido que avaló su candidatura y que quedó formalmente vinculado al proceso.
La tutela que reabrió el caso
El magistrado Nicolás Yepes Corrales, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió una tutela presentada por Jairo Enrique Morales Tovar. La acción se dirigió contra las decisiones tomadas por la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Tercera del Alto Tribunal, que en meses anteriores habían dejado sin efectos una sentencia de nulidad electoral que sacaba a Flórez Serrato del cargo.
La nueva tutela señaló la presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de los despachos que, tras la anulación de la elección, terminaron protegiendo jurídicamente al alcalde electo y permitieron su permanencia, pese a que ya existía una sentencia ejecutoriada que le quitaba la investidura.
Centro Democrático en el centro del proceso
El auto admisorio ordenó vincular como partes interesadas a personas y entidades que no habían sido incluidas en la primera acción: entre ellas, el municipio de Prado, el Tribunal Administrativo del Tolima, la Registraduría Nacional, el movimiento AICO, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Tolima y el partido Centro Democrático.
La inclusión formal del partido que avaló al actual mandatario no pasó desapercibida. En círculos políticos y jurídicos, se interpretó la tutela como un movimiento dirigido también a develar la presunta participación del CD en la configuración del caso que mantuvo a Flórez en el cargo, pese a la nulidad confirmada por el Consejo de Estado. La maniobra dejó entre la espada y la pared al representante a la Cámara por esa colectividad en el Tolima, Carlos Edward Osorio, quien presuntamente ha sido al parecer mencionado en versiones no oficiales como uno de los interesados en sostener la permanencia del mandatario.
Estrategia judicial y nuevas órdenes
La nueva acción ordenó a todas las partes responder en un plazo de dos días hábiles y exigió a la Secretaría General del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Tolima remitir de forma inmediata los expedientes previos. Además, suspendió los términos procesales desde el 4 de julio.
La discusión ya lo se centra únicamente en la presunta inhabilidad electoral. El debate jurídico se trasladó al análisis de las decisiones internas del Consejo de Estado, sus contradicciones y las implicaciones políticas que rodearon la continuidad del alcalde José Jadel Flórez.
La historia de poder en disputa
El conflicto jurídico en Prado se remonta a 2023, cuando fue demandada la elección de Flórez Serrato por una presunta inhabilidad: para la fecha de inscripción de su candidatura, tenía vigente un contrato con la Defensoría del Pueblo que, según los demandantes, incluía actividades en el municipio.
Aunque el Tribunal Administrativo del Tolima negó inicialmente las pretensiones, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección en octubre de 2024.
El fallo fue ejecutoriado el 8 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, José Jadel Flórez, debió haber salido del cargo y la Gobernación del Tolima estaba en la obligación de convocar elecciones atípicas.
Sin embargo, mediante una cadena de recursos judiciales, el mandatario logró mantenerse en la Alcaldía. Una tutela interpuesta por su defensa, bajo el argumento que el contrato no implicaba autoridad directa en Prado, fue acogida por otras subsecciones del mismo Consejo de Estado, que revocaron la anulación. Con esa decisión, el caso quedó cerrado temporalmente. Con la nueva tutela del 8 de julio, esa decisión volvió a quedar en juego.
Un municipio atrapado en el limbo
Prado, que desde hace meses vivía bajo un gobierno cuestionado y atravesado por decisiones cruzadas de la justicia, quedó nuevamente en el centro del conflicto. La tutela reabrió un proceso que se creía agotado, amplió el campo de actores involucrados y devolvió el foco al rol que jugó el partido de gobierno en la defensa del alcalde.
