Polémica empresa con insólito contrato por más de $2.000 millones en el Tolima
La ciudadanía espera respuestas de la gobernadora Adriana Magali Matiz.
Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.
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La Gobernación firmó un dudoso contrato por $2.067.847.127 con la Unión Temporal MARV 5, conformada por las empresas IMS SAS y Maxempleos SAS, para operar maquinaria pesada y volquetas pertenecientes al departamento y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Curiosamente. El propósito es atender emergencias viales, intervenir puntos críticos y ejecutar labores de mantenimiento en la red vial de los municipios y del nivel departamental que no se ven.
El Número de contrato es: 2241 de 2025. Fecha de legalización 26 de mayo de 2025. Duración: 90 días calendario es decir va hasta el 23 de agosto de 2025 La Entidad contratista: Unión Temporal MARV 5. Empresas integrantes: Maxempleos SAS: 95% de participación – IMS SAS: 5% de participación. Representante legal principal: Diana Maryuri Díaz Delgado (IMS SAS). suplente: Jacqueline González Loaiza (Maxempleos SAS). Para quien es el «fAVORCITO?”.
El contrato contempla prestación de servicios de outsourcing y suministro de: Inspectores viales, mecánicos, conductores, ingenieros y coordinadores de campo. Una tractomula y una camioneta disponibles 24/7. Equipo y personal para atención de emergencias viales, registro de uso de combustible y kilometraje de los vehículo, informes mensuales con evidencia fotográfica. Capacitación en normas de seguridad industrial y salud ocupacional. Ejecución Financiera: CDP: N.º 1320 y 1321 de febrero de 2025. Pagos: 90% contra entrega de informes parciales, 10% restante tras liquidación del contrato. Facturación: a cargo de la Unión Temporal MARV 5, coordinada por su representante legal.
La empresa Maxempleos SAS, que tiene el 95% de participación en este contrato, ha sido protagonista de múltiples escándalos de contratación a nivel nacional. En Medellín, se le adjudicaron contratos por más de $34.000 millones a través del canal público Telemedellín, para el suministro de personal, muchos de los cuales han sido denunciados como “contratos corbata”. Según esas investigaciones, personas contratadas por Maxempleos en Telemedellín no asistían a trabajar ni ejecutaban funciones y estaban presuntamente vinculadas a campañas políticas del Partido Independientes.
Además, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones por pérdidas de más de $6.000 millones y el uso irregular de equipos tecnológicos dentro del canal. Pese a estas denuncias, en noviembre de 2023, Telemedellín adicionó por quinta vez $800 millones al contrato con Maxempleos, elevando el total de recursos ejecutados en ese año a más de $11.700 millones. Esto, en contra de la solicitud del entonces alcalde electo Federico Gutiérrez, quien había pedido suspender contrataciones en el conglomerado público.
Aunque no se hay denuncias concretas sobre el actual contrato, el historial reciente de Maxempleos SAS genera inquietud sobre transparencia y ejecución real de los recursos. El hecho de que esta firma figure como socia mayoritaria en la Unión Temporal MARV 5, encargada de operar equipos clave en la infraestructura vial del departamento, pone en la lupa, la vigilancia por parte de entes de control. En un momento en que la opinión pública reclama mayor control sobre la tercerización estatal, el reto para la Gobernación será demostrar que este proceso no se convertirá en otro caso de gasto ineficiente o politización de la contratación pública.
Esta no es la única polémica que envuelve al gobierno del Tolima, ya que como es de conocimiento de la opinión pública se han registrado irregularidades en diferentes carteras como la de Salud y Cultura, además, de irregularidades en el Hospital Federico Lleras, y de acoso a una funcionaria de la Universidad del Tolima por parte del rector, entre otras.
La ciudadanía espera respuestas de la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien ha guardado silencio y nos debe el informe de lo realizado por los contratistas porque se acerca el vencimiento de la transacción.
