El festín de privilegios de la izquierda Verónica Alcocer, la primera dama del ‘cambio’

José Baruth Tafur G.
Abogado.
Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña.
Maestrante en Comunicación Política.

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Ver cómo la primera dama del “gobierno del cambio”, el mismo gobierno de izquierda que abandera en el Tolima Guillermo Alfonso Jaramillo, sí, señores, el del escándalo del alumbrado navideño; sí, el que tiene la salud de los docentes en caos hoy guarda silencio frente al mal actuar de la señora Alcocer, quien disfraza la opulencia y el derroche con disfraces diplomáticos. El reciente informe publicado por Semana, con fuentes del medio sueco Expressen, revela que Verónica Alcocer, tras ser sancionada por Estados Unidos junto a Gustavo Petro, lleva una vida de lujos en Estocolmo: cena en restaurantes caros de Stureplan, bebe champaña, asiste a fiestas privadas y se codea con magnates de la alta sociedad sueca.

Esto no es solo una anécdota de la jet set; es una bofetada a la coherencia, una traición al discurso del “gobierno del cambio” que pregonó austeridad, transparencia y compromiso con el pueblo. ¿Qué mensaje les estamos enviando a millones de colombianos que luchan para llegar a fin de mes, cuando la primera dama convierte el destierro autoimpuesto en un escenario de bacanal elitista?

Y mientras ella vive entre fiestas privadas y amigos millonarios, como el fundador de una marca sueca de champaña o un magnate de la relojería, en Colombia crecen las acusaciones: hay denuncias por manejo de imagen y asesorías que, según sus críticos, estarían financiadas con recursos públicos. No es solo un lujo superficial: es un sistema de privilegios institucionalizado.

Petro intentó defender a su exesposa diciendo que ella es “una mujer libre” y que “no gasta ni un peso del erario”. Pero ¿cuánta libertad cabe cuando tus movimientos en Estocolmo y tus amistades con magnates coinciden con un escándalo económico? Esa defensa suena hueca ante la evidencia: cuando hay tanto en juego, las palabras no bastan.

Mientras la primera dama se divierte a lo grande, muchos colombianos se preguntan si ese glamour es compatible con la responsabilidad institucional. No es solo un tema de estilo de vida: es un asunto de ética pública y de un pueblo que está aguantando hambre. ¿Qué pasó con el discurso sobre los niños en La Guajira? ¿Dónde están las declaraciones del pediatra Guillermo Alfonso Jaramillo y de Verónica Alcocer sobre el reclutamiento de menores? Hoy, el silencio cómplice sumado a los gastos suntuosos, contratos opacos y una presencia internacional tan exclusiva contradice (y socava) la narrativa de un gobierno que decía querer “hacer las cosas diferentes”.

Esta es una llamada urgente: no podemos permitir que nuestros impuestos, que nuestra democracia, financien el lujo de quienes deberían servir a la población, no a una élite de millonarios.

Colombianos, merecemos explicaciones. ¿Dónde están los órganos de control? ¿Guardarán silencio como en el caso de Nicolás Petro? La ciudadanía debe exigir claridad. No es suficiente decir que todo es “libertad personal”: cuando lo personal se mezcla con los recursos públicos, la línea entre lo privado y lo institucional se vuelve peligrosa.

La indignación que muchos sienten no es superficial. Es el dolor profundo de ver cómo, una vez más, el poder parece haberse divorciado del deber. Y mientras algunos bailan en clubes suecos, otros no tienen ni para una comida decente.

No podemos callar ante este festín de privilegios. No debemos normalizarlo. Porque, si dejamos pasar esto, estamos renunciando al poco decoro que le queda a la función pública. Y si el “cambio” no puede distinguir entre la austeridad y la ostentación, difícilmente podrá reclamar legitimidad moral alguna.