Yo olvido el año viejo, pero no por cosas buenas

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

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Concluye el 2025, un año de irregularidades y engaños protuberantes como las elecciones de Consejo Juventudes. En el Tolima, 1.744 candidatos disputaron 404 curules y como era lógico, se revelaron las prácticas de los partidos tradicionales como; ofertas de dinero, cargos para conformar listas, mensajes ofreciendo dádivas a cambio de votos, publicidad política en los puestos. Pero lo más obsceno fue que los directorios políticos se apoderaron de los candidatos, limitando la participación de grupos de estricta representación juvenil y por el ello, la voz de victoria de los políticos de siempre. Conocidos los resultados, La MOE Tolima insistió en que este tipo de elecciones son básicos para fortalecer la democracia juvenil, pero requieren de más planeación, transparencia y compromiso.

Se fue el 2025 y llegó el 2026 con la salud en el Tolima en emergencia extrema. A las graves denuncias de la forma como se evaporan los recursos del estado en contratación leonina, continúan miles de usuarios de las EPS que dependen de Colsubsidio, entidad que se gastó la plata del gobierno, al menos en ibagué, en la construcción de una sede que nunca terminó en la 42 con 5ª. Sí, allí estan sepultados los recursos que les entregaron para la adquisición y el suministro de los medicamentos recetados a los pacientes en las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, pacientes que son sometidos  a turnos crueles, inhumanos, desalmados, de tres y cuatro horas para decirles que no hay nada.

Acabó un años más y continua el retraso en las obras del Parque Centenario en donde ya transcurrió más del 50 % del plazo señalado para la entrega del proyecto. El contrato fue por 6.684 millones y estaba previsto entregar a finales de noviembre. Ahora, todo apunta a que el contratista pedirá prórrogas y posibles adiciones presupuestales, ya que en la ejecución inicial se habría gastado los 2.000 millones del anticipo. La Alcaldía reportó que finalizaron las obras de mitigación e iniciaron la confección de escaleras y senderos internos en concreto y enchape en piedra laja, para conservar su naturalidad. El Secretario de Infraestructura señaló que se lleva a cabo la demolición e instalación de sardineles perimetrales al circuito interno, cajeo de la vía y en la cancha múltiple se funde la placa de concreto y mejora de las graderías.

Llegamos a otro año y lo que entregó la Alcaldía como “la obra del siglo” terminó en enorme decepción: el Acueducto Complementario, que no solo, no ha solucionado el problema de falta de agua, sino que opera con deficiencias técnicas y sin cobertura en diferentes sectores de la ciudad. En el Concejo se realizaron controles políticos con temas como, cortes de agua en barrios y comunas y qué está pasando con este acueducto complementario. Hay quienes manifiestan que tienen cortes de agua nueve horas.

Familias que trabajan, gente que estudia, instituciones comerciales, se ven afectadas. Mientras se filtró que el IBAL aumenta la burocracia y se adjudicaría un contrato por más 1.700 millones al Consorcio Zona Urbana, pese a que su oferta presenta errores técnicos, omisiones jurídicas y lazos con interventores de obras fallidas. Se trata de pactar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del denominado ‘Combo 3×1’. Pero, documentos observados prueban inconsistencias en el informe de valoración que implican los manuales de transparencia.

Entraremos a un año nuevo con los mismos y las mismas. La Alcaldía de Ibagué adjudicó un contrato por 30.000 millones de pesos para responder a uno de los principales reclamos de la ciudadanía: la malla vial. Pero, los contratistas elegidos para ejecutar las obras generan dudas por faltas, retrasos y en algunos casos graves fallas. Se trata del contrato para pavimentar 200 cuadras en los barrios de la ciudad que ya cuentan con el certificado de alcantarillado como Santa Bárbara, San Carlos, El Triunfo, Villa Marlén, Villa del Sol, Boquerón, Villa Luces, Ricaurte, Protecho Salado, y Alaska, la intervención no trata de reparcheos sino de una pavimentación. El contrato fue dividido en dos lotes de obras. Uno fue adjudicado a la Unión Temporal Urbanas y el otro al Consorcio Ibagué Vial Urbano 2025 dos viejos conocidos de la contratación pública en Ibagué y el Tolima.

Se acabó el años y de los organismos de control, solo se conoce que, las Contralorías de Ibagué y del Tolima, encargadas de vigilancia de los recursos públicos, solo quedan dudas y su nula gestión. Gran parte del tiempo lo emplearon las titulares en viajes, cobrando más de 430 millones en viáticos. Según documentos estatales, la Contralora del Tolima recibio $241.278.947 en viáticos desde que tomó el cargo en julio de 2022. Dinero utilizado para viajes no solo a Bogotá, San Andrés, Neiva, Manizales, Santa Marta o Cali, también a España.

Aunque su trabajo es vigilar los recursos del Tolima, solo 36 millones de los 240 millones fueron usados en traslados dentro del territorio. Y Contraloría Municipal ejecutó $190.572.276 en viáticos desde 2022. Aunque no se cuenta con un desglose de sus viajes, las cifras reflejan una gestión similar. Lo triste es que algo similar pasó con el Concejo y la Personería, entes instituidos previsiblemente para vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos y la defensa de los recursos, pero que solo dieron mal ejemplo.

Despedimos el año y como siempre esperamos que el próximo sea mejor pero. Como resultado de los desafueros, los atropellos e injusticias, que se vienen presentando en las denominadas “Altas Cortes” y los Tribunales Administrativos de Justicia en las regiones, la nula aplicación de justicia, la marcada ineficiencia en el desarrollo de sus funciones por parte de los operadores judiciales, el abuso y arbitrariedades del Consejo de Estado, la politización de sus fallos, el sueño de los justos que duermen en las gavetas de los  escritorios de los magistrados centenares de miles de casos de ciudadanos del común, que no forman parte de las élites, las demostradas acciones delictiva de algunos magistrados, que incluso dio origen a lo que se señaló como “El Cartel de la Toga”, un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia  cometieron delitos de cohecho y concusión  que podemos esperar. A lo anterior se suma la actuación del Congreso de la República. Responsable máximo de todo lo que ocurre pero, infortuadamente los candidatos vuelven a ser los mismos de siempre.