Opinión

Hambre para el pueblo y más riquezas para los megarricos

Ley de “rescate económico” mete la mano al bolsillo del pueblo, privilegia a los poderosos y mandaría a la calle a 700.000 empleados.

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada comprometen a este medio de comunicación.

De la Espriella, como lo intentaron Duque y Carrasquilla, le mete la mano al bolsillo del pueblo y privilegia a los megarricos con su ley de “rescate económico”. Les quita recursos a los ciudadanos al imponer la tarifa plena del IVA del 19 % a frutas, verduras, insumos agrícolas, café, azúcar, medicina prepagada, chocolate, aceite y pastas, así como a computadores, tabletas, bicicletas eléctricas y celulares de bajo costo. Además, incrementa gradualmente del 4 % al 8 % la cotización a la seguridad social para los trabajadores, lo que representa una reducción de sus ingresos. Mientras tanto, los empresarios no pagan el 8,5 % desde 2013.

La retención en la fuente se aplicaría a partir de salarios de $3,4 millones. También aumenta la base gravable del impuesto de renta y establece una tarifa del 9 % para las personas que ganan entre $3 y $4,7 millones mensuales, quienes actualmente no tienen esa obligación. Asimismo, disminuye de $70 a $61 millones anuales el umbral de rentas exentas para determinar la renta líquida gravable.

Estas medidas, que afectan al pueblo, a los trabajadores y a la clase media, contrastan con los beneficios que recibirían los megarricos y empresarios, quienes verían reducida la tarifa del impuesto a las rentas de capital del 35 % al 31 %, además de acceder a incentivos tributarios adicionales por inversión.

Y, por si fuera poco, el Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitaría facultades para reestructurar el Estado, una medida que, según las denuncias planteadas, podría abrir la puerta a la privatización de Ecopetrol, Cenit y Bicentenario S. A., así como a la fusión y eliminación de múltiples entidades públicas, con el consecuente riesgo de despidos que afectarían hasta a 700.000 empleados.

Por estas razones, más de 1.500 voceros sindicales, sociales, campesinos, étnicos y políticos anunciaron la convocatoria a un paro nacional contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión se conoció durante el Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, realizado en Bogotá, con representantes del Pacto Histórico, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia. La jornada de movilización está prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Las organizaciones señalaron al Gobierno de De la Espriella de promover medidas que, a su juicio, afectan la soberanía nacional, los derechos laborales y sociales, la educación y la salud pública. También cuestionaron sus posiciones frente a la seguridad, la política exterior y los procesos de paz.

Otro punto central de la declaración fue la defensa de las reformas sociales impulsadas durante el gobierno anterior, entre ellas, la reforma laboral, la entrega de tierras a campesinos, la búsqueda de la paz, la matrícula cero y las políticas de salud preventiva.

El encuentro convocó a sindicatos, comunidades campesinas, pueblos afrodescendientes e indígenas, organizaciones de mujeres, jóvenes y sectores políticos de oposición a conformar un frente nacional para articular las acciones de movilización.

En ese contexto, Fabio Arias, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, lanzó duras críticas al proyecto de ley de rescate económico del Gobierno y convocó a movilizarse. Según el dirigente sindical, la iniciativa trasladaría una mayor carga económica a los trabajadores y a la clase media, mientras otorgaría beneficios tributarios a los grandes capitales.

Arias también advirtió sobre el incremento progresivo de las cotizaciones a la seguridad social, que pasarían del 4 % al 8 %, así como sobre los cambios propuestos en la retención en la fuente y el impuesto de renta para las personas con ingresos medios.

En contraste, cuestionó los beneficios tributarios que favorecerían a las grandes empresas y a los contribuyentes con rentas de capital, mediante la reducción de la tarifa del 35 % al 31 % y la creación de nuevos incentivos a la inversión.

“El Gobierno de Abelardo, al igual que lo pretendieron los de Duque y Carrasquilla, le mete la mano al bolsillo del pueblo y privilegia a los megarricos con su proyecto de ley de rescate económico”, señaló.

Otra de las controversias planteadas por el dirigente sindical tiene que ver con las facultades que solicitaría el Gobierno para reestructurar el Estado. Arias alertó sobre posibles privatizaciones de empresas, así como sobre la fusión o eliminación de entidades públicas. El pronunciamiento también advierte que podrían perderse hasta 700.000 empleos estatales.

Ante este panorama, Arias llamó a movilizarse contra la iniciativa económica y a participar en el paro nacional del 19 de noviembre. “Esta es la patria milagro: hambre para el pueblo y más riquezas para los megarricos”, afirmó en su pronunciamiento.

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