Los mordió el tigre: en 75 días de gobierno caen ministros, gerentes, directores administrativos y más de 6.000 contratistas

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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Rodrigo Lara, ministro del Interior, duró 75 días en el cargo y su salida se divulgó cuando se debatía en comisiones conjuntas el proyecto de ley de sometimiento. No es el primero que sale sin cumplir tres meses en el poder. Lara trabajó desde antes de su designación oficial. Hizo parte de la campaña de Defensores de la Patria y su retiro se dio por pugnas con uno de los cercanos a De la Espriella, Carlos Suárez. Lo suplió Alejandro Ordóñez.

Antes salió Viviane Morales, de Educación, quien duró 28 días. A diferencia de Lara, Morales, como Lara, llegó al círculo del presidente en campaña y aterrizó con su cónyuge, Carlos Alonso Lucio, gerente programático del entonces candidato. En reemplazo llegó Ilva Myriam Hoyos Castañeda, exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia entre 2009 y 2016, con Alejandro Ordóñez como procurador general. En esa cartera también se reversó la elección del clérigo Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como vocero del Gobierno ante las universidades Nacional, de Antioquia, del Valle, del Atlántico y Pedagógica. Londoño de la Espriella duró 15 días.

En Colpensiones, clave en la discusión del Legislativo y el Ejecutivo sobre el pasivo y la reforma pensional, Carlos René Montoya Muñoz, elegido por su junta directiva, no duró una semana. De la Espriella le pidió la renuncia luego de una exposición en la Comisión Séptima del Senado, en la que demostró apuros para responder sobre asuntos relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional. La nueva presidenta es Beatriz Eugenia Vélez. El mandatario también influyó en la salida de la secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una semana después del inicio del gobierno, le pidió a la ministra Alexandra Falla revisar los nombramientos en la cartera. Magda Yolima Amaya llevaba tres días en el cargo.

Los departamentos administrativos tampoco se salvan. Ricardo Valencia, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), duró 26 días en el cargo. Salió después de una rueda de prensa en la que, al responder una pregunta, descartó que el gobierno de Gustavo Petro hubiera manipulado cifras desde esta institución. En reemplazo de Valencia, el presidente de la República designó a Juan Manuel Alvarado.

Uno que no llegó a tener decreto de nombramiento fue Carlos Eduardo Sepúlveda, en el Departamento Nacional de Planeación. Su designación llegó en medio de la ola de nominaciones que obligó la respuesta al terremoto del 10 de agosto. Dos días después, se cambió su nombre por el de Julián Buitrago. Los abelardistas señalaron que Sepúlveda había trabajado en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro. Sepúlveda se enteró del cambio en una rueda de prensa en la que De la Espriella nombró a Buitrago.

Cuando Lara todavía dirigía la cartera del Interior, el jefe del Estado le pidió que declarara insubsistente al director general de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, quien había sido posesionado en su cargo el 7 de septiembre. El presidente explicó que Miranda salía, 26 días después de su llegada, porque conoció actuaciones que consideró de gravedad y que debían ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Más de seis mil contratistas han sido depuestos de sus funciones utilizando diversas formas: amenazas, coacciones, maltrato y exigencias. Se presagia que la cifra subirá y que otros altos funcionarios también caerán, como la directora del Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo Cañavera, quien, a las críticas por su orden de retirar la palabra “niñas”, del lenguaje institucional, suma expresiones ante la Comisión Séptima del Senado, donde afirmó: “Yo de entrada les voy a decir que no vengo a pedir plata, porque no la necesito”, ante un anteproyecto que contemplaba 21,3 billones frente a los 11,9 billones asignados para 2027. Esta tesis fue calificada como “provocadora y peligrosa”, y también surgieron dudas sobre si conocía las necesidades presupuestales de la entidad. Ahora enfrenta una denuncia relacionada con sus títulos profesionales y la certificación de su experiencia laboral.

La senadora Jennifer Pedraza debatió con Restrepo por inconsistencias reportadas en su hoja de vida, publicada en la plataforma oficial, y señaló que la respuesta del ICBF a los derechos de petición inducía a error a los congresistas. Luego, la entidad actualizó la información y la directora aseguró que ya había cargado su hoja de vida completa. Justificó el hecho como un olvido personal por sus “30 años estudiando”. Sin embargo, el congresista Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana revelaron irregularidades en la certificación de la práctica laboral de Restrepo Cañavera y notificaron denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía.

La experiencia reportada corresponde a Restrepo Cañavera SAS, firma de abogados de la que es fundadora y socia. Allí aparece con vinculación laboral desde el 2 de febrero de 2002 hasta el 30 de julio de 2026, pero la sociedad habría sido constituida en octubre de 2004. Érika Jiménez, quien expidió la certificación, trabajó como auxiliar administrativa en la firma y, según declaraciones de la directora, llevaría más de 11 años trabajando con ella. Sin embargo, a la fecha de expedición del documento, Jiménez estaría vinculada a otra empresa. Agregan que, cuatro días después de expedir la certificación, Jiménez recibió un contrato de prestación de servicios por tres meses, por un valor de 25 millones, con el ICBF, y Restrepo figura como supervisora de ese contrato.

El artículo 5 de la Ley 190 de 1995 establece: “Cuando se advierte que se ocultó información y que se aportó documentación falsa para sustentar información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a la que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres años y debe salir del cargo que ostenta”, situación que también recae sobre el canciller Omar Bula Escobar, enredado por sus títulos académicos. Según una investigación de CasaMacondo, la hoja de vida de Bula Escobar quedó bajo duda tras una pesquisa que identificó anomalías en los títulos y certificados de formación presentados por el funcionario ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Según la publicación del 22 de octubre de 2026, entre los hallazgos, Bula registró como formación técnica en Negociación Estratégica del Sector Público un curso de cinco días que realizó en mayo de 1998 en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. El certificado acredita participación, pero no un título. Incluyó una especialización en Administración Estratégica de Negocios de la Universidad George Washington. Sin embargo, el documento entregado a Función Pública la identifica como un programa de educación ejecutiva que otorga un certificado, no un título académico. La investigación señala que registró por separado titulaciones de ADEN University y EUNCET Business School, pese a que hacen parte de un programa de doce meses. CasaMacondo también encontró inconsistencias en otros estudios mencionados por Bula, como un pregrado en Economía en la Universidad de Lovaina, cuyo certificado no demostraba que obtuvo el título profesional.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que las inconsistencias en las hojas de vida de funcionarios del Gobierno deben ser explicadas y recordó que el canciller está citado a un debate de control político en la Comisión Segunda. La investigación advierte que registrar información falsa sobre estudios en un documento público podría tener consecuencias penales, dependiendo de las circunstancias y de lo que determinen las autoridades competentes.