Concejales conservadores ‘gobiernistas’ de Ibagué se opusieron al debate de oposición exigido por ley
El debate del 31 de marzo se proyecta como un escenario incómodo para quienes prefieren la complacencia antes que el control político efectivo.
La división dentro del Partido Conservador en el Concejo de Ibagué quedó nuevamente al descubierto tras una acalorada discusión. La propuesta de realizar un debate el próximo 31 de marzo, impulsada por el concejal Andrés Zambrano del partido Alianza Verde y la cabildante Sandra Varón, vocera del Conservador en oposición, reveló las grietas de una bancada que parece más cercana al gobierno de Johana Aranda que a los principios críticos de una verdadera oposición.
El estatuto de la oposición: un derecho incómodo
Zambrano, señaló que este sería el primer uso del Estatuto de la Oposición en el periodo constitucional del Concejo y anunció dos debates de control político: uno enfocado en el IBAL y otro dirigido a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente en la Dirección de la Mujer. La intención era ejercer el derecho legítimo de la oposición para poner sobre la mesa temas que la administración de Johana Aranda ha evitado abordar a fondo.
Sin embargo, la reacción de los concejales conservadores Arturo Castillo, Carlos Beltrán y Víctor Ortiz fue un intento evidente de boicot. Argumentaron falta de consenso en la bancada y cuestionaron la fecha del debate, asegurando que el 31 de marzo pocos concejales asistirían, ya que después de cumplidas las 25 sesiones, los cabildantes no reciben honorarios.
¿Oposición de papel? La contradicción de los «opositores» conservadores
Arturo Castillo, uno de los conservadores alineados con la administración Aranda, dejó claro su descontento con la fecha propuesta, insinuando que el debate no era más que un espectáculo para los medios.
Castillo, más preocupado por la ‘imagen de la Corporación’ que por responder a las inquietudes de los ciudadanos, afirmó que el 31 de marzo no asistirían muchos concejales debido a que la fecha no está dentro del periodo habitual de sesiones.
Carlos Beltrán, por su parte, insistió en que la vocería de Sandra Varón no representaba a toda la bancada conservadora y que no se había socializado adecuadamente la intención del debate. El discurso de Beltrán dejó entrever una postura tibia y evasiva, enfocada más en el formalismo partidista que en cumplir su rol de control político.
Víctor Ortiz cerró la defensa de los ‘conservadores oficialistas’ justificando la falta de organización interna y sugiriendo que el debate no era necesario, dado que las preguntas podían ser abordadas en otra sesión previamente programada. En lugar de respaldar una postura crítica hacia la administración, Ortiz defendió a capa y espada la inacción de la bancada.
La oposición que no se atreve a incomodar
Mientras Zambrano y Varón intentaron usar los recursos legales para ejercer su labor de control político, los concejales ‘opositores’ del Partido Conservador parecieron más preocupados por proteger la estabilidad de la administración Aranda que por cuestionar sus decisiones. La división evidente en la bancada conservadora dejó claro que la verdadera oposición en Ibagué se encuentra aislada, luchando contra un bloque que se niega a incomodar al poder.
El debate del 31 de marzo se proyecta como un escenario incómodo para quienes prefieren la complacencia antes que el control político efectivo.
