Concejales inútiles y costosos
En el caso de Ibagué, no puede pasar por alto el fracaso y robo de los recursos para escenarios deportivos
Por Edgar Antonio Valderrama
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Hace tiempo, distintos sectores vienen advirtiendo sobre la pérdida de legitimidad del Concejo de Ibagué. Las críticas son producto de la ciudad que hoy se tiene. Pese a que Según el Artículo 313 de la Constitución, es oficio del Concejo: Elegir Personero Municipal, Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio, Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas funciones de las que conciernen al Concejo, Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales, Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de Rentas y Gastos, Determinar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear a iniciativa del Alcalde, empresas industriales o comerciales, establecimientos públicos y autorizar la constitución de Sociedades de Economía Mixta, Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio, Aceptar renuncia de Concejales, cuando la Corporación se encuentre sesionando, En receso, dicha atribución le corresponde al Alcalde y las demás que la Constitución Política y la Ley le asigne. Pero poco o nada de esto se hace.
Y no solo es el Concejo de Ibagué el que atraviesa por esta crisis de legitimidad. La mayoría de los concejos afrontan una situación análoga y esa mala imagen la arrastran otras corporaciones como el Congreso y las Asambleas. No en vano, los conflictos de orden social y económico del país, son producto del poco o ningún interés que han mostrado por contribuir en la mejora de los problemas. En el caso de Ibagué, no puede pasar por alto el fracaso y robo de los recursos para escenarios deportivos, la tardanza en la culminación de las obras del acueducto, el abuso en los cobros de servicios públicos, la descomunal avería de la malla vial, entre otras dificultades. El abandono total de los habitantes de la ciudad, que reúnen los barrios populares en las Comunas, causa que sus líderes se unan para enviar mensajes de urgencia a la administración en procura de atención y por ello, el Concejo de Ibagué se ubica como ejemplo de cómo estas corporaciones han perdido jerarquía y eficacia. Si bien el Concejo no es el ejecutivo, es el que debe ejercer control político y de esa práctica nada se ha visto. Pero, lo que más cuestiona la gente es lo costoso que resulta sostener esta entidad que se paga con los tributos que se cobran a los ciudadanos.
El Concejo de Ibagué lo conforman 19 concejales, un secretario general, más el personal de Unidades de Apoyo Normativo, UAN que para el 2020-2023 tuvo un costo de $1.051’254.440.00. A cada concejal le correspondieron 52 millones de pesos anuales. El concejo de Ibagué sesiona durante seis meses, con un total de 150 sesiones ordinarias más 40 extraordinarias, a las que tiene derecho por ser Ibagué municipio de primera categoría.
A ello se suma que cada concejal de Ibagué, goza de las garantías de seguridad social, pensión, salud, ARL y afiliación a las Cajas de Compensación Familiar, lo cual está a cargo del presupuesto del municipio. Cada uno de los 19 concejales de Ibagué, devengaba por honorarios, por sesión $437.723.oo. Lo que mostró que el Concejo Municipal tuvo un costo para los ibaguereños de $4.778’429.271, de los cuales $4.132’341.319 se destinaron a servicios personales y $646.087.952 para gastos generales. Hoy la cifra es inmensamente superior.
Desde cuando se decidió que a los concejales del país se les pagaran honorarios, hace 28 años, ha sido un punto de discusión interminable. Lo cierto es que, ser concejal se volvió seductor. En el caso de Ibagué, hay concejales con más de cuatro períodos encima. Se recuerda el caso de Luis Alberto Lozano, quien duró cinco y cuando quiso saltar a la Asamblea del Tolima, fracasó, lo que significa que como concejal, su trabajo no fue el mejor de lo contrario, los electores lo habrían premiado con una curul en esa entidad. Es tentador ser concejal de Ibagué porque aparte de los honorarios, hay otros estímulos como cargos burocráticos y contratación. En el 2020 en promedio cada uno de los 19 concejales por honorarios, de acuerdo con las sesiones laboradas, 150 ordinarias y 40 extraordinarias, recibió $83’167.370.oo. Si ese monto se divide por 12, arroja $6’930.614 mensuales. Como fueron cuatro años, cada concejal al término de su periodo recibió en promedio 335 millones de pesos. Cifra que hoy, cuatro años después aumentó ampliamente.
No sería cuestionable que esa suma la reciban concejales que cumplen el mandato para el que fueron elegidos, que velen por los intereses de la ciudad y sus habitantes, es debatible para los que solo van a calentar puesto y aplaudirle y aprobarle todo al Alcalde, sin refutar nada.
