Contrato del catastro multipropósito de Ibagué terminó con graves fallas en su ejecución

Nuevas irregularidades en la ejecución del contrato de actualización catastral de Ibagué quedaron al descubierto en el informe definitivo de la Contraloría Municipal, el cual tuvo acceso Conlaverdad.com. La auditoría encontró que, cuando el contrato terminó en diciembre de 2025, todavía faltaban documentos que debían respaldar la calidad de los productos entregados, había decenas de trámites sin avanzar y no existía un informe completo sobre las quejas y reclamaciones de los ciudadanos.

En esta segunda entrega en exclusiva de este medio de comunicación sobre los resultados de la auditoría, aparecen más  anomalías a la gestión del contrato 2169 de 2025, relacionado con la actualización catastral que impactó la información de los predios de Ibagué.

Uno de los aspectos que llamó la atención de la Contraloría, fue que no encontró documentos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que demostraran que las fotografías aéreas y los modelos del terreno, utilizados para la actualización catastral urbana y rural, habían completado el proceso de revisión y aprobación antes de terminar el contrato, el 29 de diciembre de 2025.

Aunque la Alcaldía había enviado esos productos al IGAC el 8 de diciembre de ese año, en los documentos revisado por los auditores no apareció una certificación ni una respuesta de esa entidad que confirmara la culminación del trámite. Ante esto, el ente de control mantuvo el hallazgo administrativo por esta falta de soportes.
Otra irregularidad tuvo que ver con los $4.365 millones que la Alcaldía entregó anticipadamente al contratista. El acuerdo establecía que ese dinero debía quedar completamente amortizado, es decir, descontado de los pagos al operador, por lo menos un mes antes de terminar el contrato.

Sin embargo, al 29 de noviembre de 2025 todavía faltaba por amortizar el 50,6% del anticipo: $2.208 millones. Ese valor se descontó posteriormente en la última acta de pago, por lo que la Contraloría confirmó que los recursos fueron recuperados en su totalidad. Pese a ello, mantuvo el hallazgo administrativo porque no se cumplió el plazo fijado en el contrato. La presunta incidencia disciplinaria fue retirada.

La auditoría también encontró que 84 trámites relacionados con cambios o correcciones en la información de los predios todavía necesitaban que la Dirección de Catastro elaborara y expidiera las actas de observaciones correspondientes, es decir las solicitudes requerían un paso formal para que los propietarios pudieran conocer las inconsistencias encontradas y continuar con el procedimiento. La Contraloría advirtió que esos trámites seguían sin completar esa etapa, que dependía del gestor catastral y no de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

La falta de información también quedó en evidencia frente a las reclamaciones ciudadanas. Aunque el operador tenía habilitados canales presenciales, telefónicos y virtuales para recibir quejas y solicitudes, la auditoría no encontró un informe que reuniera cuántas se presentaron, cuántas fueron atendidas y cuántas seguían pendientes durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía.

Esa ausencia de información impidió establecer si las inconformidades de los ciudadanos estaban relacionadas con errores en los mapas, las fotografías utilizadas o la manera en que se recogieron los datos de los predios.

El organismo de control halló, además, que tampoco había soportes de una actividad de interlocución con el gremio constructor, incluida en el plan de comunicaciones de la etapa posterior a la actualización catastral.

Estos resultados forman parte de los hallazgos administrativos 001 al 006 del informe definitivo, fechado el 17 de marzo de 2026.