En el Tolima dineros de lo salud usados en negocios personales; silencio de la gobernadora y los entes de control

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada compromete a este medio de comunicación.

El modus operandi se legaliza con personas modestas, sin uso empresarial notable, que se volvieron millonarios contratistas del Estado durante la administración de Ricardo Orozco. Ejemplo:

• Familia Serna Ramírez (Girardot): más de 40.000 millones en contratos en el sector salud.
• Familia Pulido Peña (Líbano): más de 32.000 millones.

Un pequeño negocio de servicios básicos de salud y provisión de equipos, pasó a ser gran contratista de la red hospitalaria del Tolima, facturando más de 40.000 millones de pesos en seis años. Javier Alexander Serna, administrador de empresas y Rocío Ramírez, enfermera, laboraron en el Hospital de Girardot. En 2017 dimitieron y crearon “Distribuidores Clínicos Hospitalarios”, inscrito en Cámara de Comercio de Girardot. El éxito les llegó con Carmen Patricia Henao Max, gerente del Hospital San Rafael del Espinal, cercana a Ricardo Orozco. La firma aumentó ingresos y de contratar computadores por $2.400.000, pasó a más de 40.000 millones con Orozco.

En 2020, obtuvo contratos por 1.927 millones, en 2021 facturó 10.187 millones y los últimos años, contrató por 20.267 millones en hospitales de Líbano, Chaparral, Honda, Lérida, Espinal, Purificación e Ibagué. Lo más lucrativo les llegó con la tercerización en el Federico Lleras: la Unidad Renal Mario Bran que aplica como alianza y le permite coger entre el 68% y el 85% de facturación tasad en 377 millones mes y Unitrauma del Tolima IPS SAS, que surgió en 2020 como Servicios y Distribuciones Servidayo SAS convertida en Unitrauma en 2021 y opera con contrato de alquiler a 15 años con tarifa mes de $46.570.000. Serna, sancionado por la Procuraduría, no podía figurar y optó por su hijo, Javier Alejandro Serna Ramírez como cabeza de la empresa.

La gerente del Federico Lleras, afirma que los contratos con Serna Ramírez son lícitos y niega que Orozco sea socio de ellos. Los contratos de Distribuidores Clínicos Hospitalarios y Unitrauma del Tolima están bajo la lupa, pero en la Fiscalía ni en el Ministerio de Trabajo avanzan denuncias por malos manejos financieros y salarios no cancelados a profesionales de la salud que han trabajado para ellos. Martha Palacios, ante las dudas sobre los contratos cedidos a la firma Serna Ramírez para la operación de la Unidad Renal y la Unidad de Trauma negó que esto tercerización de servicios.

Se trata “de un contrato de arrendamiento y uno de prestación de servicios con Distribuidores Clínicos Hospitalarios para la Unidad Renal Mario Bran: Con Unitrauma, lo que el hospital tiene es contrato de alquiler de un área en la sede Limonar para servicios de urgencia, pero no tiene relación en atención con el Federico Lleras”. Sobre la “Unidad Renal” explicó, que “el contrato fue necesario cuando el hospital amplió unidades de cuidado intensivo y requería el servicio de nefrología pues no contaba con equipos, especialistas, ni con infraestructura. La empresa provee esto de manera similar a como se hace con fisiatría gastroenterología o cardiología. Para el hospital son proveedores totalmente diferentes”. Sobre la relación entre Serna y Orozco, dijo desconocer cualquier vínculo y por montos pagados a la Unidad Renal desde 2020, opinó que las facturas dependen de los niveles de ocupación y que pueden fluctuar entre 270 y 320 millones de pesos mes. En cuanto a Unitrauma, aclaró que el hospital no recibe ingresos por su labor.

Pero el negocio de los servicios médicos entregado a dedo, se cae. La empresa que se hizo con el control de la atención de servicios de trauma, osteosíntesis y atención a accidentados, llegaría a su fin por crisis financiera. Acopia millonarias deudas con ortopedistas, anestesiólogos y proveedores y ni cuenta con recursos para renovar su matrícula mercantil, requisito para operar legalmente. La entidad, se encuentra al borde del colapso. No tiene cuentas bancarias registradas, lo que la hace inembargable y su matrícula mercantil no aparece activa en 2025. “Se ha dicho, que la comisión que piden los políticos es muy alta, cerca del 20 % de la facturación y eso hizo que se reventaran”. A pesar de alertas y polémica, la gerente Federico, no dice por qué una empresa en tan evidente aprieto financiero y jurídico sigue de contratista del principal hospital del Tolima. La apatía igual se situa en la Secretaría de Salud del Tolima donde la permisividad es norma cuando se trata de negocios con presunta conexión con el grupo de Óscar Barreto.

Unitrauma del Tolima IPS SAS no renovó su matrícula mercantil para el año 2025, omisión que refleja una alarmante fragilidad financiera e institucional. Consultada la Cámara de Comercio de Girardot donde fue registrada en julio de 2020, apenas siete meses después de la posesión de Orozco, la respuesta fue clara: “la persona jurídica no ha cumplido con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil”. Según el artículo 33 del Código de Comercio y la Ley 1727 de 2014, toda persona jurídica debe renovar su registro antes del 31 de marzo de cada año No cumplirlo conlleva sanciones que pueden superar los 17 salarios mínimos e impide contratar con el Estado y resta legitimidad para operar. El lio va más allá de una simple omisión administrativa: Unitrauma es contratista de una entidad estatal. Esto debería haber encendido las alarmas en la gerencia del hospital y los organismos de control, que, como suele ocurrir en el Tolima, optan por mirar para otro lado. Sin matrícula mercantil vigente, la empresa no puede acceder a servicios bancarios ni mantener relaciones de confianza con proveedores.

En juzgados de Ibagué cursan al menos 44 procesos por el no pago a profesionales de la salud, por un valor que superaría los 400 millones. Son ortopedistas, anestesiólogos, cirujanos y radiólogos que prestaron sus servicios a Unitrauma y no recibieron pago alguno. Uno de los afectados es el ortopedista Omar Andrés Van Leenden Del Río, trabajó meses sin recibir un solo peso dijo: «Cero pagos. No pone Yo no demandé porque, siento que es perder el tiempo”. La deuda, supera el año. En febrero del año pasado decidieron romper el contrato por no pago. La respuesta de la empresa fue: “bueno, gracias y hasta luego. Intentar ubicar a Javier Alexander Serna es inútil. Cambió de número, restringió el acceso a la sede y sencillamente desapareció. Uno va al Ministerio de Trabajo y le dicen que es una entidad privada que no se ha declarado en bancarrota. La Secretaría de Salud no responde».

Un especialista y magíster en Análisis Económico del Derecho expresó: “No renovar la matrícula mercantil  acarrea sanciones de la SuperSociedades. La Ley 80 exige que cualquier persona jurídica que contrate con el Estado tenga registro vigente y el contratante debe exigir el cumplimiento del requisito, pues su omisión afecta la legalidad y ejecución del contrato. Si la empresa está en liquidación o tiene retrasos en pagos laborales, debe revisarse la continuidad del mismo. El Estado está obligado a verificar la capacidad de cumplimiento del contratista”.

Una experta en contratación y asesora de entidades hospitalarias agregó que la responsabilidad también recae en el hospital: “Si el contratista no cumple, debe iniciarse un proceso de incumplimiento: requerimientos formales, informes del supervisor del contrato y si es necesario terminación del vínculo. En contratos de arrendamiento o suministro, la ley exige acudir a la vía judicial”.

Otro entuerto de Orozco son los hospitales del sur. Un contrato de $78.000 millones es la novela del San Juan Bautista de Chaparral que adjudicó a Olaguer Agudelo Prieto, ingeniero de la fallida obra del puente de la 60 en Ibagué, otro de beneficiario del presunto cartel de la salud del Tolima que lideraría Orozco, según denuncia pública que hizo el exalcalde Andrés Hurtado, que tendría entre sus fuentes de financiación la construcción y remodelación de la red hospitalaria pública y Olaguer Agudelo Prieto, fue pieza clave del entramado contractual que se montó desde la gobernación. Orozco le entregó a Olaguer la construcción de los hospitales de Rioblanco y Chaparral, en procesos licitatorios, por casi 90.000 millones que están estancados. En Rioblanco demolieron el hospital María Inmaculada, hubo movimientos de tierra y nada más, el contrato se legalizó y está vigente. En Chaparral se dice que se montó una licitación para la construcción del nuevo hospital, con presupuesto de $78.019.611.289 el plazo de ejecución era de dos años, contados a partir de la legalización del contrato. Solo se presentó un oferente. El favorecido: el Consorcio Hospitalario 2023, integrado por la empresa Miroal Ingeniería S.A.S., con 33% de participación; GP Caribe S.A.S, con 34%, y Olaguer Agudelo Prieto el 33%, quien, a su vez, era el representante legal.

Como Agudelo no contaba con la experiencia ni dinero, buscó socios costeños, para que le “prestaran” sus estados financieros y el resto de requisitos que exigía la licitación. Un contratista que, que pidió reserva de su nombre sostiene que Orozco y Olaguer son viejos amigos y se conocen desde antes del 2020, hasta aportó dinero para la campaña. El contrato que le adjudicó Orozco a Olaguer Agudelo se publicó en el portal de contratación del Estado pero él lo rechazó. La negativa tenía una explicación. Quería un millonario anticipo y así se lo habría hecho saber al exgobernador. Entonces la secretaría de Salud del Tolima modificó la minuta del contrato, autorizó un anticipo del 25 %, (19.500 millones), y se publicó de nuevo en Secop II. Pese al ‘favor’, Agudelo y sus socios no aceptaron el contrato, al parecer, por sus líos financieros, terminó el año y en las primeras semanas de la nueva de la gobernadora Adriana Matiz se detectó el dudoso proceso y la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, ordenó rechazar esa minuta de contrato. Luego se publicó de nuevo en el Secop II, pero como era originalmente: sin anticipo.

Olaguer aceptó, pero no legalizo, al parecer, por no tener dinero para las estampillas que valen unos $4.000 millones. La Secretaría de Salud envió dos oficios al señor Agudelo, solicitando constituir pólizas y cancela las estampillas del contrato 0149 del 2 de febrero de 2024.

En el norte, Orozco ganadero: recursos sirvieron para comprar reses finas

El escándalo se traslado al Líbano. Hugo Fernando Pulido Peña apodado ‘Niño Bonito’ tenía allí una humilde casa de préstamos, pero todo cambió. ‘Niño Bonito’ se arrimó a Óscar Barreto y su ascenso económico creció. Creó su primera empresa tres meses después de que Barreto se posesionara como Gobernador, el primero de enero de 2016: ‘Asociación de Servicios Mediservicios’, registrada en la Cámara de Comercio de Honda el 22 de marzo del 2016. Socia su hija Kelly Johana Pulido González, profesional de enfermería. El 1º de enero de 2017, los hospitales, vigilados por la Gobernación, le otorgaron millonarios contratos. Los de Líbano y Lérida les cedieron 13 por 854 millones por servicios de comida a pacientes recluidos, operación y mantenimiento de maquinaria, servicio de ropa y lavandería, celebrados entre el 1º y el 3 de enero de 2017. Eso lo convirtió en un hombre rico y poderoso en solo ocho años.

Su ascenso fue tan rápido que creó una empresa más: ‘Proyecciones de Trabajo SAS’., en la que su representante legal era su hija Kelly Johana Pulido González. Después, esa función la tomó su hijo Brayan Camilo. En 2018 y 2019, los Pulido conservaron contratación en 1.000 millones, promedio año. Con Orozco gobernador, Pulido Peña alcanzó la cima económica y pasó de facturar de 1.042 millones a 7.639 millones año. De acuerdo con el Secop, logró 93 contratos con hospitales del Líbano, Lérida, El Espinal y Federico Lleras de Ibagué. Así facturó 17.665 millones en cuatro años Orozco pero su fortuna contractual no terminó con la salida de Orozco. El exmandatario ubicó fichas en los centros asistenciales. Entre 2024 y 2025 esas empresas han suscrito 20 contratos en Honda, Lérida, El Espinal y Federico Lleras por 11.391 millones, siguen como gerentes: Carmen Patricia Henao en Honda y Martha Palacios en el Federico Lleras

Pulido amaso fortuna y buena parte ha sido invertida en su afición: la ganadería Premium.

Él y su hijo son propietarios de la Ganadería Agua Luna, ubicada en la vereda La Trina, del Líbano, vía que conduce a Murillo y aparecen en imágenes asistiendo a ferias nacionales de ganado y sus ejemplares han resultado ganadores. “animales que pueden costar entre 100 y 500 millones”, y expertos en la materia sostienen que un animal, después de ganar ferias y torneos, puede costar más de 1.000 millones. “En el Líbano todos saben que esa ganadería es de ‘Niño Bonito’ y Ricardo Orozco”, dijo una fuente, que tiene cercanía al barretismo y al Hospital Regional de la localidad, en el que el exgobernador ejecutó millonarias inversiones. Orozco ha sostenido en público que invertía su capital en ganado Premium, cafés especiales y tierras en el Quindío mientras Pulido, es procesado por la Fiscalía por presunta participación en delitos electorales, usando el Hospital para intervenir en las elecciones locales, operación lideradada con el exgerente Jaime González, también imputado por constreñimiento al sufragante, por utilizar su poder para obligar a funcionarios y contratistas a votar por el candidato a la Alcaldía, Diego Padilla. Según la Fiscalía, Pulido, “presionaba a los equipos de trabajo indicándoles que si no votaban por Padilla se quedarían sin trabajo y para pagar refrigerios de reuniones, publicidad y bonos de $60.000”.

Mientras tanto, los hospitales del Tolima siguen reportando crisis financieras, quejas por falta de personal, demoras en pagos a trabajadores, y precarización de los servicios.