La tutela, el ‘pataleo’ del alcalde de Melgar para no soltar el poder

El polémico caso de nulidad electoral contra Rodrigo Hernández Lozano, alcalde de Melgar (Tolima), sigue sumando capítulos en los estrados judiciales. Luego que el Consejo de Estado ratificara la nulidad de su elección por doble militancia, la defensa del mandatario agotó la vía de la aclaración y revisión del fallo, consciente de que estas acciones no cambiarían la decisión de fondo. Ahora, el camino está trazado: la tutela se convierte en el mecanismo definitivo para intentar revertir el fallo, recuperar el cargo y seguir mandando por tres años más.

Aclaración negada: la estrategia de la tutela

El intento de la defensa por aclarar el fallo no prosperó. El Consejo de Estado negó la solicitud, argumentando que no se trataba de una duda sobre la sentencia, sino de un intento por reabrir el debate probatorio. Con esta negativa, el equipo jurídico de Hernández Lozano tenía claro el siguiente paso: ganar tiempo para estructurar una acción de tutela que ataque de fondo la sentencia del Consejo de Estado.

La tutela, en este caso, se perfila como un recurso extremo para alegar la posible vulneración de derechos fundamentales en el proceso, como el debido proceso y el derecho a la defensa. Aunque esta vía es difícil, la estrategia busca generar un margen de maniobra que permita, al menos temporalmente, frenar la ejecución del fallo.

Es de recordar, que la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la decisión de anular la elección de Hernández Lozano, al considerar que apoyó abiertamente la candidatura de Fredy Alexander Mur Tarazona a la Asamblea del Tolima, pese a que su partido, el Conservador, tenía su propio candidato. Esta conducta fue interpretada como doble militancia en la modalidad de apoyo, una infracción que le costó el puesto.

El tribunal sustentó su decisión en un video grabado durante un evento proselitista en Melgar el 21 de octubre de 2023, en el cual el mandatario habría pedido expresamente votar por Mur Tarazona. Sin embargo, la defensa del alcalde argumentó que la grabación no cumplía con los requisitos de autenticidad e integridad y que, además, el fallo ignoró pruebas clave que demostraban su respaldo a otro candidato de su mismo partido, Abel Otálora Arias.