Negra navidad para contratistas de SecreHacienda en Ibagué por negligencia de funcionaria que los dejaría sin pago
Una navidad negra están a punto de pasar contratistas de la Alcaldia de Ibagué, liderada por Johana Aranda.
La navidad podría convertirse en una amarga temporada para al parecer más de 100 contratistas de la Secretaría de Hacienda de Ibagué, según lo que han denunciado algunos concejales, quienes calificaron el hecho como una presunta negligencia.
La dependencia que dirige Ángel María Gómez, se encuentra en el ojo del huracán por cuenta que Paola Carbonell, contratista adscrita al área de Contratación de esta entidad quien, según denuncias, no ha tramitado oportunamente los pagos de los contratos, dejando a decenas de familias al borde de una crisis económica en pleno fin de año.
William Santiago, concejal de Ibagué, expresó su preocupación por las quejas que ha recibido sobre esta situación. Al parecer, la contratista Carbonell no solo no da trámite oportuno a los procesos, sino que lo maneja de manera irrespetuosa según los quejosos.
La denuncia cobra especial relevancia al considerar que las familias afectadas dependen de estos pagos para garantizar su sustento y la celebración de las fiestas navideñas. Según el concejal Santiago, su colega César Franco quien ha sido él defensor a ultranza de Aranda, ha sido especialmente insistente en llamar la atención sobre esta problemática. «Más de 100 contratistas podrían quedarse sin Navidad. Es una situación inhumana; trabajamos para nuestras familias, y esto no se puede permitir», señaló.
Aunque la alcaldesa Johana Aranda y el secretario Ángel María Gómez no se han pronunciado oficialmente, los concejales han reiterado la necesidad de una intervención inmediata para solucionar este problema.
Más allá de las cifras, la denuncia refleja un trato que algunos consideran «inhumano«. Contratistas, que dependen de sus ingresos para cubrir necesidades básicas y planificar las fiestas de fin de año, se enfrentan al vacío administrativo. Las consecuencias trascienden lo económico, afectando el bienestar y la moral de los afectados.
Por otro lado, esta situación pone en entredicho la gestión de la administración Aranda, especialmente en un área tan sensible como la contratación pública.
