Después del terremoto: reconstruir sin frenar la economía
No tendría sentido que el Estado tenga que gastar mañana grandes cantidades para recuperar empleos que hoy todavía pueden protegerse.
Por: Luis Antonio Castro Abogado especialista – Analista político
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El terremoto del pasado 10 de agosto dejó una emergencia que Colombia apenas comienza a dimensionar. Hay viviendas afectadas, vías, escuelas y centros de salud que tendrán que ser recuperados. Pero detrás de esos daños hay otra realidad que puede ser más difícil de reconstruir: empresas que dejaron de operar, trabajadores que perdieron ingresos y actividades económicas que pueden tardar meses en volver a la normalidad.
Ese es, a mi juicio, uno de los principales riesgos que enfrenta el país.
Colombia ya vivió una experiencia que debería servirnos de referencia. El 25 de enero de 1999, el terremoto de Armenia golpeó una economía que ya estaba en recesión y terminó agravando una situación que de por sí era complicada. La reconstrucción fue necesaria, pero recuperar la actividad económica tomó mucho más tiempo.
Hoy las condiciones son diferentes. El país mantiene capacidad de crecimiento y dispone de herramientas de política económica que permiten responder de otra manera. Pero precisamente por eso debemos evitar que una emergencia física termine convirtiéndose también en una emergencia económica prolongada.
El Gobierno Nacional declaró, mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender las consecuencias del terremoto. La medida tiene fundamento en el artículo 215 de la Constitución y permite adoptar disposiciones extraordinarias relacionadas con la calamidad, dentro de los límites constitucionales y legales.
El reto, entonces, es otro: la emergencia no puede convertirse únicamente en una autorización para gastar. También debe servir para recuperar rápidamente la capacidad de producir.
Una carretera puede reconstruirse. Una escuela puede levantarse nuevamente. Un hospital puede repararse. Pero una pequeña empresa que cierra definitivamente no siempre vuelve a abrir cuando termina la emergencia.
Y detrás de esa empresa están sus trabajadores, sus proveedores y muchas familias.
Por eso la reconstrucción no debería medirse únicamente por los kilómetros de vías recuperados o por las edificaciones entregadas. También habrá que preguntarse cuántos empleos se conservaron, cuántas empresas sobrevivieron y qué pasó con los pequeños comerciantes y productores.
Ahí aparece una discusión que considero inevitable: ¿es el momento de aumentar las cargas sobre quienes todavía tienen capacidad de invertir y producir?
El Estado necesitará recursos para atender a los damnificados y reconstruir infraestructura. Eso nadie lo discute. Pero una economía golpeada también necesita liquidez, inversión y empresas funcionando.
En particular, el impuesto al patrimonio merece ser revisado. No porque la declaratoria de emergencia permita eliminarlo automáticamente, sino porque, en mi opinión, mantener cargas sobre el capital productivo merece ser discutido cuando justamente se necesita inversión para recuperar las regiones afectadas.
Cualquier modificación deberá estar directamente relacionada con los hechos que dieron lugar a la emergencia y respetar los límites constitucionales que establece el artículo 215. Por eso vale la pena discutirlo ahora.
Porque también existe una responsabilidad económica: no podemos financiar la reconstrucción debilitando la capacidad de quienes tendrán que ayudar a sostenerla.
Lo mismo ocurre con el empleo.
Muchas pequeñas empresas no tienen reservas para soportar varios meses sin ingresos. Una emergencia prolongada puede convertir una dificultad temporal en un cierre definitivo.
Por eso se necesitan mecanismos de crédito, garantías, alivios temporales y medidas que permitan mantener empresas y empleos mientras se normaliza la actividad económica.
No tendría sentido que el Estado tenga que gastar mañana grandes cantidades para recuperar empleos que hoy todavía pueden protegerse. La experiencia de Armenia debería recordarnos algo sencillo: reconstruir infraestructura es indispensable, pero recuperar la economía es igual de importante.
El terremoto del 10 de agosto no solamente derribó estructuras. También interrumpió actividades productivas. Y si no actuamos a tiempo, podríamos terminar reconstruyendo carreteras, hospitales y escuelas sobre una economía más débil.
