Podredumbre e impunidad en el Tolima: Índices de corrupción aumentaron y la justicia es inoperante

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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El conflicto armado dejó graves efectos en este departamento: tras la muda de grupos campesinos en guerrillas, se afianzaron 5 frentes de las FARC, 2 del ELN y nacieron 7 bloques paramilitares en la cuenca alta del río Magdalena. Entre 1985 y 2015 hubo 1.685 actos terroristas, 368 despojo de tierras, 268.822 desplazados, 23.798 homicidios, 15.367 amenazas, 982 secuestros y 2.794 desapariciones forzadas. Además, la crisis agrícola, avivada por la “apertura económica”, afectó a productores de café, algodón, leche, arroz, sorgo y maíz, y la firma de los TLC hizo que el sector agropecuario pasara del 42% del PIB tolimense en 1990 al 14% en 2015 y que la industria pasara del 15% a porcentajes ínfimos. La crisis se extendió tanto, que Ibagué posee con una de las más altas tasas de desempleo e informalidad entre las 23 principales ciudades del país.

En medio de esas tragedias, la clase política se adueñó del poder sin beneficio regional: los herederos de Alfonso Jaramillo Salazar, jefe Liberal. Mauricio fue senador por varios periodos y Guillermo Alfonso senador, alcalde de Ibagué y gobernador. Óscar Barreto, gobernador dos veces y senador, y Emilio Martínez, ex congresista cesado por procesos irregulares de contratación y preso por parapolítica, pieza clave en las alcaldías de Honda, Mariquita, Líbano, Espinal y Guamo; Carlos Edward Osorio, primero de la U y luego del C D; Jaime Yepes, de la U; Ángel María Gaitán, liberal, y Elver Hernández, sucesor de Luis Humberto Gómez Gallo, a su vez sucesor de Guillermo Angulo; Aquileo Medina, de Cambio Radical, y Ricardo Ferro, del C D, han sido representantes. El único senador actual de las maquinarias es Miguel Barreto.

Los prontuarios de los alcaldes de Ibagué y los gobernadores de Tolima dejan mucho que desear. Alcaldía de Ibagué: 2001-2003 Jorge Tulio Rodríguez., liberal. Salpicado por escenarios para los Juegos Nacionales. 2004-2007 Rubén Darío Rodríguez, liberal. Separado del cargo por inhabilidad y reintegrado en 2005, vinculado al caso de la avenida fantasma; también alcalde en 1992, cuando salió con orden de captura. 2008-2011 Jesús Ma. Botero, liberal. La Procuraduría le formuló cargos por contratos viales; sancionado en 1ª instancia, absuelto en 2ª. 2012-2015 Luis H. Rodríguez, conservador que se hizo liberal para llegar. Acusado de prevaricato por omisión, interés indebido en celebración de contratos, contratos sin cumplir requisitos legales y peculado por apropiación por Juegos Nacionales en 2015; preso. 2016-2019 Guillermo A. Jaramillo, MAIS, cargos por contrato para alumbrado navideño. 2020-2023 Andrés Fabián Hurtado, liberal, llegó como conservador y es punto aparte.

Gobernación del Tolima. 2004-2005 Jorge García Orjuela. Somos Colombia. Destituido por violación del régimen de inhabilidades. 2006-2007 Fernando Osorio Cuenca, liberal. Imputado por contratos sin requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros. Convenio A. Bello; por el mismo caso, Óscar Barreto, conservador, 2008-2011, sancionado en 1ª instancia por irregularidades en la vía Líbano-Villahermosa, absuelto en 2ª. Imputado por convenio con empresa Egetsa y otorgamiento de cupos estudiantiles “fantasmas” e investigación por fallido “banco de los tolimenses”.

Elegido por segunda vez en 2016-2019, Barreto fue imputado por irregular contratación del PAE en 2016 y el “cartel de fertilizantes”, contratados y no entregados a agricultores. 2020-2023 Ricardo Orozco, conservador, señalado por presuntos nexos con redes de corrupción en el sistema de salud departamental, ejerciendo influencia burocrática en hospitales como el Federico Lleras. Todos lograron los cargos gracias a respaldos cruzados y compadrazgos.

Al escribir “Corrupción Tolima” en Google, aparecen 507 mil resultados en 0,36 segundos; y al digitar “Corrupción Ibagué” salen 334 mil en 0,39 segundos. En el ranking de Transparencia, es puesto dieciséis entre 29 capitales y alto riesgo de corrupción. La situación no da para más: el desfalco en la construcción y diseño de escenarios para los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, cuando se esfumó la tercera parte de los 150 mil millones presupuestados, no tiene precedentes y destapó la podredumbre incubada. Es que, además de los Juegos, existen otros casos emblemáticos como el del Panóptico de Ibagué, con obras inexistentes por 960 millones; el multimillonario detrimento de la Universidad y el Triángulo del Tolima, proyecto de irrigación en tres municipios del sur de mayorías indígenas que, según una auditoría de 2014, acarreaba pérdidas de más de cien mil millones ese año a causa de obras abandonadas e irregulares y sombras en el proceso de compra de tierras que ha creado más problemas que beneficios.

Y si bien se duplicaron las denuncias ante la Fiscalía, esta entidad es tan inoperante como la Procuraduría y las Altas Cortes, la fuerza cívica que las alienta puede ser abatida por la impunidad. Los casos más resonantes involucran redes de clanes políticos en sobrecostos en obras públicas. Uno de los casos más críticos gira en torno a las irregularidades y retrasos en la construcción del puente de la calle 60 en Ibagué, una obra con anticipo millonario que causó investigaciones de la Fiscalía y amenazas a funcionarios encargados de declarar el incumplimiento. La política departamental ha estado marcada por investigaciones al «barretismo», liderado por Óscar Barreto, clan al que se le han abierto procesos por anomalías en convenios educativos, contratación pública e injerencia indebida en entidades ambientales como Cortolima. La Policía ha interceptado sumas millonarias de dinero en vías del departamento destinadas a la compra de votos, lo que demuestra la práctica de coacción al electorado.

El exalcalde Hurtado aseguró que no tenía una sola investigación por corrupción. Sobre el puente de la 60 con carrera 5ª, minimizó el escándalo y afirmó que se trata solo una “narrativa” mediática usada por sus contradictores. Que él dejó la obra contratada y financiada y que la responsabilidad recaía en Johana Aranda, pero en la Fiscalía tiene activos 7 procesos por hechos de corrupción. El radicado 202100016 era el de uso ilegal del estadio, que utilizó para la celebración de cumpleaños de su hijo en el año 2021, en el que respondía por el delito de peculado por uso, y el Juzgado 8º Penal Circuito fijaba la culpa y la validez a las pruebas documentales y testimoniales aportados por la Fiscalía 38 de la unidad de delitos contra la Administración Pública. Hurtado enfrentó un proceso similar como administrador del Aeropuerto Perales en el año 2014. La Fiscalía lo judicializó por el delito de peculado por uso, cuando convirtió la pista de la terminal en un autódromo para ‘piques ilegales’. En hábil estrategia jurídica, logró la prescripción del caso, dilató el juicio y el juez 2º Penal del Circuito, Henry Beltrán, tuvo tanta permisividad que el escándalo quedó en la impunidad.

Por el fallido puente de la calle 60, Hurtado enfrenta dos procesos penales en los que se investigan sustracción ilícita de dineros provenientes del pago del anticipo de la obra y celebración indebida del contrato que montaron Diego Herrán y Sharon Guzmán desde la Secretaría de Infraestructura de para su construcción. Además, hay una 3ª línea investigativa conexa con la interventoría, ya que la exsecretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, pagó ese contrato sin que la obra se hubiera ejecutado, lo que permitió que se embolsillaran cerca de $2.000 millones. El favorecido: el ingeniero Juan Carlos Salazar, contratista de confianza del ‘hurtadismo’.

Con el radicado 202200050, la Fiscalía investiga a Hurtado por intervención en política en razón al proceso electoral que permitió la elección de Johana Aranda en la Alcaldía de Ibagué para el periodo 2024 – 2027. El fiscal que lleva esta investigación tiene en sus manos una confesión pública de este delito, luego de la entrevista que concediera el investigado, admitiendo que usó su poder y cargo para hacer a Johana Aranda alcaldesa. “Nuestra organización política decidió llevarla hasta donde hoy está”, afirmó.

Esta declaración también podría ser utilizada por la Procuraduría General de la Nación, entidad que ya le impuso una inhabilidad por 12 años -en 1ª instancia-, por intervenir en las pasadas elecciones regionales. Sus abogados llevan otros casos menores por delitos como injuria por vía de hecho (radicado 202315833), fraude a resolución judicial (radicado 202317857) y dos prevaricatos, por acción y por omisión.