¿Quién define licitaciones y contratos en el departamento y los municipios?

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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El verdadero poder lo tiene una profesional del derecho, propietaria de un bufete de abogados que presta asesoría a la Gobernación y a Alcaldías cercanas al barretismo, es además la encargada en del comité evaluador del departamento de otorgar el aval jurídico en los procesos de adjudicación de millonarios contratos. Según investigación  adelantada por el portal “Sin Filtros”, varios nombres aparecen siempre en procesos pactados y resultan permanetes en la adjudicación de licitaciones públicas. Uno de ellos es el de la abogada Johaina Solimar Bunay Alboney, asesora jurídica del Tolima desde el gobierno de Óscar Barreto y figura conocida en la contratación estatal de los municipios.

La jurista, vinculada contractualmente a las administraciones: 2016 y 2019 “Soluciones que Transforman”, gobierno de Oscar Barreto, 2020 y 2023 “El Tolima Nos Une” gobierno de Ricardo Orozco y hoy “Con Seguridad en el Territorio” de Adriana Magali Matiz, se afirma como la persona de confianza de la organización política en lo tocante con procesos licitatorios y adjudicación de millonarios contratos de obra. Su oficina está ubicada en el nivel X del edificio El Escorial, a escasas dos cuadras de la Gobernación, por donde desfilan contratistas de obras, secretarios, funcionarios, profesionales vinculados al estado bajo la modalidad de OPS, y alcaldes lo que no pasa inadvertido en los círculos políticos y administrativos. Su función radica en avalar que en los procesos de adjudicación de licitaciones prevalezca la transparencia y la selección objetiva, escogiendo proponentes que, conforme a la fórmula, sea el ganador y cumpla con las condiciones de idoneidad requeridas. Empero, los contratos acaban, de modo repetido, en manos de un reducido grupo de contratistas que aparecen, en los múltiples procesos.

Bunay, la más visible de los abogados de la primera línea barretista, comparte en redes aspectos de su vida, viajes y un estilo de vida marcado por el confort, imagen que forja éxito y la posiciona como profesional con reconocimiento y constante consulta en las entidades de la administración pública y aunque la implementación del pliego tipo abrió la puerta a mayor pluralidad de oferentes en los procesos contractuales, es ella quien tiene el deber de validar el componente jurídico en la evaluación de las propuestas presentadas en cada licitación. No obstante, las evaluaciones terminan convirtiéndose en un ejercicio casi mecánico debido a que, de manera reiterativa, son los mismos proponentes quienes cumplen los requisitos y resultan adjudicatarios. Entre lo que más se repiten aparecen, Juan Camilo Silva, Juan Carlos Ramírez, entre otros.

Ella lidera el grupo evaluador, integrado por Guillermo Cruz y Mateo Casas, vinculados por orden de prestación de servicios a la Gobernación. Ambos tienen a cargo la certificación de experiencia y del componente técnico de propuestas presentadas en los distintos procesos. Cruz, silencioso, cauto, de bajo perfil, concentrado casi siempre en las oficinas a donde concurre para definir valoraciones; Casas más visible, comparte espacios personales con la secretaria de infraestructura del Tolima, Sandra García, otro eslabón en esta cadena, y con quien Johaina también comparte espacios sociales y de entretenimiento, como el Festival Vallenato.

Bunay tiene capacidad, es disciplinada y se ganó la confianza de la estructura política que ha adjudicado en los últimos 10 años, más de 4 billones de pesos en contratos y junto a Luis Manuel Guzmán y Carlos Andrés Perdomo y el hoy pensionado excontralor Óscar Iván Cortés, hacen parte del grupo de abogados de absoluta confianza de Oscar. Pero cometen errores como el acaecido con la vía Líbano-Santa Teresa, adjudicada con aparentes acuerdos y que presenta dificultades estructurales. Un recorrido de las comunidades denunciantes  y según información allegada con técnicos de la Contraloría General de la República e investigadores de la Fiscalía General de la Nación, deja en evidencia problemas de calidad en la obra. En la investigación se habla de un presunto entramado denominado el “Cartel de las Vías” además de un supuesto pacto según el cual contratistas se ponen de acuerdo para participar en licitaciones públicas del departamento y garantizar que uno de ellos resulte adjudicatario, también toma fuerza un aspecto que genera creciente preocupación: la calidad de las obras ejecutadas.

Por Resolución No.121 del 28 de abril de 2023, la Gobernación adjudicó la licitación pública LPO- 2022-286 para el “Mejoramiento de la vía Líbano- Santa Teresa, Etapa I, en el marco del proyecto BPIN 2022004730090”. El favorecido fue el ingeniero Juan Camilo Silva Rodríguez, considerado uno de los mayores contratistas de obra pública del Tolima con operaciones que incluso se mueven desde el exclusivo club El Nogal, en Bogotá. El comité evaluador, con su presunta influencia y cercanía con contratistas, concluyó que, una vez agotado el procedimiento y verificada la propuesta económica del proponente No. 09, Consorcio Vial Líbano-Santa Teresa, esta cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, obteniendo una ponderación de 98.974 puntos. Con base en ello, recomendó a la ordenadora del gasto adjudicar el contrato a la propuesta del consorcio, representada por Silva Rodríguez,  que ascendió a $27.765.009.941,78.

Hasta ahí, más allá de controversias en torno a de la forma en que se adjudicó el contrato, pareciera no existir nada fuera de lo habitual. La adjudicación fue firmada por Sandra Liliana García Cobos, eterna secretaria de Infraestructura del Tolima y actual ordenadora del gasto del departamento. En el documento también aparece la firma de la asesora externa Johaina Bunay. Una vez suscrito el contrato de obra No. 2326 del 4 de julio de 2023, la Secretaría de Infraestructura designó como supervisora del proyecto a la ingeniera Ximena Alexandra García Castillo, hija de Gonzalo García Angarita. El plazo de ejecución establecido en la minuta contractual fue de 22 meses calendario. La vía fue prometida durante el 1º gobierno de Óscar Barreto. En su 2º  mandato se hicieron gestiones para contratar la consultoría de estudios y diseños, a la postre se estructuraron y decretaron los procesos contractuales y en el gobierno de Ricardo Orozco se materializó la adjudicación para la construcción de la obra. Y aunque a simple vista aparenta ser funcional y ajustada a lo contratado, la realidad esta lejos de ese contexto. Omar Peña Ortiz y Héctor Rojas Lozano, integrantes de la veeduría municipal de Líbano, reconocida con personería jurídica, radicaron un derecho de petición luego de conocer que el valor del proyecto pasó de $27.765.009.941,78 a $39.824.653.781,78 para intervenir 5 kilómetros que fueron construidos. Es decir, el metro lineal de vía costó cerca de ocho millones de pesos.

Si bien se trata de una obra ubicada en un corredor con variados puntos críticos por fallas geológicas, lo que obligó a ejecutar intervenciones en taludes y procesos de estabilización de la banca, para la comunidad la inversión es sobredimensionada. A juicio de los habitantes y veedores, no resulta razonable que cada kilómetro de vía haya terminado costando cerca de 8 mil millones de pesos. la veeduría tuvo que tutelar al departamento para que les dieran una respuesta ya que  la obra presenta problemas de calidad. La pavimentación de esta vía prometida desde 2008, durante el gobierno “Soluciones para la Gente” de Óscar Barreto, dos décadas después, se ejecutó. Pero ya presenta fisuras, afectaciones superficiales y estructurales en las placas de concreto rígido, evidentes deficiencias en los acabados y desplazamientos en las cunetas perimetrales, producto de las afectaciones que también comienzan a evidenciarse sobre las losas de concreto.

Según las denuncias, el contratista se habría limitado a realizar reparaciones ligeras, sin atacar de fondo las fallas que hoy generan preocupación. Aunque la obra cuenta con una póliza de estabilidad y permanece en periodo de garantía, lo que permitiría hacer efectivas dichas coberturas en caso de que el contratista no repare los daños, ese tipo de trámites contractuales poco le interesa a la comunidad. Lo que reclaman es una obra de calidad y que las millonarias inversiones realmente se reflejen en infraestructura duradera, hoy tienen una vía que ya presenta averías y riesgos de deterioro aún mayor. 

Bajo el mismo esquema de participación de contratistas que ha concentrado las obras del Tolima desde 2016, el ingeniero Juan Camilo Silva ejecutó, durante el gobierno de Ricardo Orozco, un contrato en Payandé que generó polémica. El 17 de junio del año 2020, la Gobernación bajo la resolución No. 0171 adjudicó el proceso licitatorio que tenía como objeto “Rehabilitación en el sitio crítico de la carretera secundaria Ibagué-San Luis (Sector Payandé) en el departamento del Tolima”. Aunque se presentaron 63 oferentes, en la práctica participaron las mismas empresas y sociedades que suelen quedarse con los contratos: entre ellas las de Juan Carlos Ramírez, además de sus aliados, y también el ingeniero Juan Camilo Silva, considerado uno de los contratistas más bendecidos del Tollima. Algo similar aconteció con la vía Melgar Carmen de Apicalá