Llega una nueva era: “La Patria Milagro”

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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La que precarizará de nuevo el salario ofreciendo trabajo por horas; la que acabará con los recursos destinados a los ancianos pobres, sobre todo si son campesinos, afros o indígenas; y la que eliminará la oportunidad de los jóvenes de escasos recursos de llegar a las universidades públicas.

Probado el desprestigio del gobierno de Iván Duque, la poca credibilidad ciudadana, la dudosa contratación y la impresión generalizada de un gobierno corrupto, al final de su mandato, hace cuatro años, trató de limpiar su imagen acudiendo a sugerencias, sofismas, ironías y casi sarcasmos para tapar sus pecados. Quiso disipar la oscura nube que cubrió su cuestionado mandato con palabras contrarias a lo que representó su gestión —ya que la transparencia nunca fue su virtud— para crear un manto de duda sobre su sucesor, Gustavo Petro, con la connivencia, el contubernio y la complicidad de los medios de comunicación que ocultaron, por ejemplo, el saqueo del oro colombiano por parte de quien ahora acusa de corrupción: el nuevo vicepresidente de la “Patria Milagro”. No se volvió a saber nada del escándalo de Centros Poblados, del saqueo de Ecopetrol, y se ocultó la verdad de lo que, en cálculos muy preliminares, mostró que al menos $5 billones de ocho instituciones estatales terminaron en poder de los corruptos.

¿En qué estado dejó Duque las instituciones públicas del país? En el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Contraloría identificó que más de $22.000 millones fueron pagados a al menos 50.000 personas fallecidas o que no estaban inscritas en el Sisbén. En la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el desfalco fue evidente: arrendamiento de bienes millonarios con un valor reducido, concentración de activos y falta de certeza sobre el estado del 57,7% de los inmuebles registrados en su inventario. En la Unidad Nacional de Protección (UNP), su director denunció, entre otros hechos, el uso delincuencial de vehículos de protección, blindajes falsos, ausencia de sanciones a contratistas y mafias. En la Unidad para las Víctimas (UARIV), la directora denunció que, en el Fondo de Reparación, encontró bienes ocupados sin autorización y contratación de núcleos familiares al interior de la entidad.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que fue el caballo de batalla contra la administración Petro, también venía sangrando: su director denunció que, a través de contratos irregulares, se destinó más de medio billón de pesos para beneficiar a congresistas. En el Sistema General de Regalías, la senadora Esmeralda Hernández denunció que más de $3,8 billones fueron sustraídos mediante el pago de coimas a funcionarios de distintos niveles del gobierno Duque. En los OCAD-Paz, encontraron un entramado de corrupción en el que funcionarios del DNP, la Contraloría y congresistas se habrían quedado con cerca del 12% de los recursos aprobados. En la Aerocivil, se investigan falsas licencias a pilotos, irregularidades en contratación, presuntos vínculos con el narcotráfico y uso de aviones para fines ilícitos. Esto, por mencionar solo algunos casos.

¿Y qué pasó? Nada. A la usanza de los pasados circos, el país se mueve bajo una gigantesca carpa que cobija toda clase de distracciones, algunas grotescas, como las que presenta a diario el aparato judicial: Fiscalía, Procuraduría y las denominadas “Altas Cortes”, que solo sirven para aplicar normas a favor de los poderosos. Estas hacen el trabajo de magia que logra convertir lo malo en bueno, desapareciendo y reteniendo expedientes, convirtiendo a los acusadores en defensores de los transgresores de la ley. Se suma la acción burlesca que representa el Legislativo, con una manada de aprovechadores de la ignorancia del pueblo que llegan a ocupar ministerios, gerencias y curules de Senado y Cámara y que, al estilo de los mejores payasos, se burlan de sus electores y les hacen más dura su existencia aprobando leyes inicuas, mientras que lo de fondo ni siquiera lo miran por su acentuado analfabetismo. El papel de malabaristas y domadores se invierte, y lo asume el llamado poder ejecutivo, que debe sortear las exigencias de los aupadores de las colectividades políticas y económicas y de los medios de comunicación.

Esta situación viene descuadernando la regencia del Estado. La carencia de una aplicación severa de la ley ha originado el bandidaje que alimenta la ilegalidad, y por ello el atraco permanente al erario en ministerios, institutos descentralizados, gobernaciones y alcaldías, donde impera, como en el lejano oeste norteamericano, la ley del más fuerte. El mal ejemplo cunde y, ante el espectáculo que brindaron personajes como el exfiscal Barbosa, la exprocuradora Cabello, los “honorables” magistrados de las “Altas Cortes” y los no menos honorables “padres de la patria”, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales hacen lo propio, convirtiendo la administración pública en un campo sin ley ni Dios, donde los funcionarios y contratistas hacen de las suyas sin ningún temor.

Llega una nueva era: “La Patria Milagro”. La que precarizará de nuevo el salario ofreciendo trabajo por horas; la que acabará con los recursos destinados a los ancianos pobres, sobre todo si son campesinos, afros o indígenas; la que quitará a los muchachos de escasos recursos la oportunidad de llegar a las universidades públicas gratis, porque ellos no deben ser profesionales universitarios sino técnicos en trabajos menores, y los recursos son para las universidades privadas. Restablecerán los precios de los peajes para favorecer al “dueño del país”, Sarmiento Angulo; aumentará el IVA a la canasta familiar; los de la clase media declararán renta y se rebajarán más los impuestos para los que todo lo tienen. Los empleadores ofrecerán lo que les dé la gana por su trabajo y los precios de los artículos se dispararán sin control, porque “La Patria Milagro” está de nuevo no en manos de los nunca, sino en las de los Siempre.