
Nosotros somos ‘los nunca de siempre’
Los que nunca han vivido de la teta del Estado, los que nunca se han robado un peso, los que nunca se han rendido ni se quedan en la queja.
Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala
Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada compromete a este medio de comunicación.
El polémico lema político ‘los nunca contra los de siempre’, popularizado por el ahora presidente electo Abelardo de la Espriella, generó debate. Prometió gobernar con ‘los nunca’ (quienes jamás han vivido del Estado), aunque analistas señalan contradicciones al nombrar en su gabinete a figuras tradicionales como Miguel Gómez Martínez, Elsa Noguera o Viviane Morales.
Abelardo de la Espriella edificó su campaña sobre una idea que pretende sonar nueva, limpia y moralmente superior: los nunca. Los que nunca han vivido del Estado. Los que nunca han hecho politiquería. Los que nunca se han mezclado con los de siempre. Los que nunca se arrodillan. Los que nunca cambian de principios. Los que nunca le deben nada a nadie. El problema es que, en su caso, cada nunca parece venir con una anomalía, un archivo, un contrato, un cliente, un socio, un directorio, una foto o un esclarecimiento posterior.
De la Espriella no se sostiene por la coherencia de sus ideas, sino por lo colorido de su personaje. El tigre, la cabina de cristal antibalas, la pólvora, la cachucha, las luces, el saludo impostado, el ruido de la música, el chaleco antibalas, la voz de sentencia, la pose de fiscal de la patria y el libreto de salvación. Todo forma parte de una obra estética, más que de una arquitectura política. No es un proyecto, es una actuación. Y, como toda puesta en escena, funciona mientras no se apaguen las luces y el público no mire detrás del telón.
Por eso corramos la cortina. El primer telón es la pobreza, la necesidad. De la Espriella ha llegado a presentarse como el candidato de los desheredados, o al menos como el hombre que dice representar al ciudadano de a pie. Pero su historia, su fábula, su lenguaje, sus símbolos, sus obsesiones y su propio relato de vida no parecen venir de una cercanía real con los menos favorecidos, sino de una relación más utilitaria con ellos. Para él, los necesitados no parecen ser una causa, sino una escenografía: plaza, coro, multitud, decorado y contraste, para que el abogado multimillonario pueda posar como vocero de quienes nunca han sido invitados a sus salones.
Segundo acto: meses de campaña hablando de ‘los nunca’ y los ministerios se los dio a los de siempre, la clase política tradicional, que lleva saqueando y rigiendo por décadas el país.
Ministro de Hacienda: Miguel Gómez Martínez, hijo de Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y primo de Enrique Gómez Martínez, senador electo de Salvación Nacional. Fue presidente de Bancóldex, vicecontralor general de la República. El más recalcitrante exponente de la derecha extrema y oligarca. Su principal tarea será enterrar el salario mínimo vital y eliminar apoyos del Sisbén.
Ministro del Interior: Rodrigo Lara Restrepo. Hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Político, presidente de Cambio Radical, senador de la República en 2007 y luego director del Programa Presidencial de Modernización y Transparencia. Presidente de la Cámara de Representantes en 2017. Senador de la República nuevamente en 2018.
Viviane Morales, esposa del exguerrillero del M-19 Carlos Alfonso Lucio, designada para el Ministerio de Educación. Embajadora de Duque en Francia. Ultraconservadora, representante a la Cámara entre 1991 y 1998, senadora de la República entre 1998 y 2002 y entre 2014 y 2018, y fiscal general de la Nación en 2011.
Iván Cancino, ministro de Justicia y del Derecho. Abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho y Nuevas Tecnologías, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Es hijo del abogado Antonio José Cancino, quien fue abogado del expresidente Ernesto Samper durante el escándalo del Proceso 8.000. Cancino también representó al abogado Diego Cadena en el proceso por presunta manipulación de testigos relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fabio Arjona Hincapié, anunciado como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha estado en la nómina oficial desde 1997, cuando fue viceministro de Políticas y Regulación del Ambiente; luego, coordinador del Plan de Acción Forestal para Colombia y director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge.
En el resto del gabinete aparecen Elsa Noguera de la Espriella, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio; exalcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico por Cambio Radical y vocera del Clan Char, con severos cuestionamientos por el manejo de los recursos en época de pandemia de COVID.
Jaime Andrés Beltrán para Defensa. El ‘Bukele’ de Santander, destituido alcalde de Bucaramanga por doble militancia, quien aseguró que el proceso de empalme tendrá un enfoque de investigación para revisar el estado en que se recibe la administración. Afirmó que se hará una “auditoría forense” para identificar presuntas irregularidades, documentar denuncias y establecer responsabilidades sobre los últimos cuatro años. Fue candidato al Senado por Salvación Nacional.
María Fernanda Suárez, política, ministra de Minas y Energía. El mismo cargo que desempeñó en el gobierno de Iván Duque. Antes de ese puesto era vicepresidenta de Estrategias y Finanzas de Ecopetrol. Es vocera del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ocupando el cargo de presidenta del Banco Popular.
Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio. Político liberal barranquillero que fue edil de su ciudad, dos veces concejal, representante a la Cámara en 2024 y senador de la República por el Atlántico desde 2018.
Enrique Peñalosa, ministro de Transporte, nació en Washington. Hijo de Enrique Peñalosa Camargo, un político colombiano que se desempeñó como ministro de Agricultura, subsecretario general de las Naciones Unidas y embajador permanente de Colombia ante la ONU. Ha ocupado diferentes cargos de carácter público y privado como director para Colombia de la firma consultora Arthur D. Little, presidente del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, secretario Económico del presidente Virgilio Barco, vicepresidente Comercial y Administrativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, director de Planeación de Cundinamarca y diputado en la Asamblea de Cundinamarca. En 1990 fue elegido por Bogotá a la Cámara de Representantes.
Dos veces alcalde de Bogotá. En 2016 fue denunciado por la contratación de la construcción de la fase I de TransMilenio: 7.580 losas de concreto tuvieron que ser reemplazadas a un costo de 57 mil millones de pesos. En 2004, una auditoría de la Contraloría General evaluó el detrimento causado al erario durante la construcción de las losas en 79 mil millones de pesos. Como consecuencia de ello, el director del Instituto de Desarrollo Urbano de ese entonces, Andrés Camargo Ardila, fue condenado por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado culposo. Desmontó los Centros de Atención Móvil para Drogodependientes. En su primer año congeló el 40 % del presupuesto de salud. También decidió salvar a Salud Capital inyectándole 150.000 millones de pesos, en el momento en el que la Superintendencia de Salud le hacía seguimiento y la Contraloría solicitaba que fuera liquidada.
En julio de 2019, la Procuraduría halló irregularidades en el proceso de contratación para el sistema de semaforización inteligente de la ciudad, por el almacenamiento de 535 controladores semafóricos compatibles que no tuvieron ningún uso, lo cual implicó un sobrecosto de 13.912 millones de pesos. También fue acusado de conflicto de interés en la construcción del metro por nexos con compañías como Volvo y Scania, las cuales suministran buses al sistema TransMilenio y de las que habría recibido en compensación más de 500 mil dólares entre 2004 y 2015. En 2017, el contralor de Bogotá abrió investigación fiscal para determinar si hubo detrimento patrimonial en el cambio de los diseños del metro. En 2019 se denunció que realizó 44 viajes durante su mandato, pasando el 12,5 % de su período —150 días— fuera de la ciudad y recibió la suma de 144.316.464 pesos en viáticos.
En 2021 se vio involucrado en el escándalo de los Pandora Papers y se comprobó que poseía cuentas y activos en paraísos fiscales. En la administración de sus cuentas offshore en Panamá estuvieron involucrados su exesposa y su secretaria de Hacienda de su primera administración, Alexandra Rojas, quien después sería directora de TransMilenio durante su segunda administración, entre 2016 y 2018.
Ministro de Agricultura: Indalecio Dangond. Administrador de empresas enfocado en temas agrarios. Preside una empresa dedicada a financiarel sector y ha laborado para entidades relacionadas con él, incluido el Ministerio de Agricultura (1998-2003 y 2015), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (2006-2010), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (2005-2006), Finagro (2003-2004) y la Caja de Crédito Agrario (1991-1992). También pasó por el Ministerio de Comercio Exterior (1996-1998) y la Superintendencia de Puertos y Transporte, donde fue director de Planeación (1994-1996). Medio hermano del empresario palmicultor Silvestre Dangond Lacouture, uno de los polémicos beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro del gobierno de Álvaro Uribe.
María Claudia Lacouture, embajadora de Colombia en Washington. Hija de Mónica Pinedo de Lacouture y Alfredo Lacouture Dangond, exalcalde de Santa Marta, fallecido en 2011. Es financista, política y directora gremial. Fue ministra de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde octubre de 2017 es presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) y, desde 2021, preside la alianza de 40 gremios y asociaciones empresariales, Aliadas. Su familia es dueña de las empresas agrícolas Extractora El Roble y Palomino S. A., dedicadas a la extracción y venta de aceite de palma y aceites animales, incluidas en el escándalo de Agro Ingreso Seguro durante la presidencia de Álvaro Uribe. Padre, madre y hermanos recibieron subsidios directos, por lo que tuvieron que responder ante la justicia. Las empresas de la familia, de las cuales María Claudia hacía parte de la junta directiva, también recibieron subsidios directos y no reembolsables. A la sazón, María Claudia hacía parte del Gobierno como directora de Colombia es Pasión y posteriormente fue nombrada directora de Proexport.

